La crisis de la vivienda cerca a Sánchez con protestas, presión de Sumar y ultimátum de Podemos

La vivienda es una de las grandes carpetas de la legislatura y, a juzgar por las protestas en las calles y el interés que muestran tanto los partidos del bloque de investidura como de la oposición ―todos ellos, conocedores de que es una problemática que atraviesa a una parte muy importante de la sociedad española―, lo será hasta que las soluciones satisfagan, al menos en parte, las demandas de los ciudadanos. En el Ejecutivo saben de su relevancia y por eso el PSOE anunció un plan hace semanas, algo que su socio de Gobierno, Sumar, y sus aliados parlamentarios han tachado de insuficiente.

También para las entidades organizadoras de la protesta de este domingo, en Madrid, lo es. Es cierto que los manifestantes centraron sus críticas a la gestión del Partido Popular en la comunidad, donde no se aplica la Ley de Vivienda, pero también lo es que deslizaron su desaprobación de las medidas en esta materia ―por limitadas― que anunció el Gobierno en enero.

Son, por lo tanto, varios frentes abiertos para Sánchez. Por un lado, ve cómo las protestas en las calles no cesan. Por otro, tiene en Sumar una presión constante desde dentro del Ejecutivo. Por otro, sabe que formaciones de su bloque de investidura como Esquerra Republicana, Podemos o EH Bildu, en mayor o menor grado, condicionan su relación con el Gobierno en base a los planes de Sánchez sobre la vivienda. Los morados, de hecho, recuerdan una y otra vez que es un elemento fundamental de cara a una eventual negociación de los Presupuestos Generales.

El PSOE tiene varios frentes abiertos en términos de vivienda y las negociaciones sobre los Presupuestos son uno de ellos

Este mismo lunes, Pablo González, secretario de organización y portavoz del partido, ha sugerido que en Podemos se niegan en rotundo a apoyar las cuentas públicas, que se encuentran en estos momentos en una fase muy incipiente de negociación, si el PSOE no se compromete con ellos a una serie de acciones para intervenir de forma drástica el mercado inmobiliario. Se trata de una postura que ha avalado la militancia de los morados. 

En concreto, esos puntos son los siguientes: bajar por ley del 40% del alquiler, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir en ella, prohibir Desokupa, expropiar el uso a grandes tenedores y obligarles a poner el 50% de sus inmuebles en alquiler social, además de moratoria pisos turísticos hasta 2028.

Sumar, por su parte, también defiende varias de esas medidas, aunque con matices. Por ejemplo, en la propuesta de Presupuestos que presentaron los de Yolanda Díaz en septiembre del año pasado, ya incluían una prohibición temporal de la compra de vivienda en zonas tensionadas, siempre y cuando no respondiera a una adquisición para vivienda habitual o alquiler asequible, o, también, restringir las ayudas del Estado destinadas a la vivienda a aquellas comunidades autónomas que aplicaran la Ley de Vivienda. Las que no la aplicaran, no tendrían ayudas.

La vivienda es, por lo tanto, un elemento que permanece constantemente encima de las mesas de negociación entre los dos socios del Ejecutivo. Díaz, en más de una ocasión, ha marcado distancias con la ministra Isabel Rodríguez y, en general, con la perspectiva con la que el PSOE encara la cuestión, aunque también ha aplaudido que su presencia en el Gobierno haya arrastrado a los socialistas, "que antes hablaban de bien de mercado", a posiciones más intervencionistas. 

Este mismo lunes, Lara Hernández, secretaria de organización de Movimiento Sumar, ha aumentado la presión sobre el PSOE. La vivienda, ha insistido, "es una emergencia nacional" y son "los poderes públicos los que deben asumir las responsabilidades". Más en lo concreto, ha instado a Rodríguez y a su ministerio a "topar los precios de los alquileres y a regular el mercado de la vivienda, dos tareas de imperiosa necesidad". Además, ha considerado sus medidas "insuficientes para atajar el problema".

Tanto Sumar, como Podemos exigen al PSOE más contundencia en las medidas sobre vivienda

Entre aquellas 12 medidas que anunció Sánchez en enero y que no convencen a sus aliados se encuentran la exención fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que cumplan los parámetros que fija la Ley de Vivienda, la limitación de la compra de inmuebles a los no europeos que no residan en España ―esta es una de las medidas que, según la postura de sus aliados de izquierdas, se quedan cortas―, la transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda o un programa de rehabilitación de inmuebles vacíos para destinarlos, a continuación, al alquiler asequible.

Ley del alquiler de temporada

En paralelo a todo esto, existe una iniciativa que está inmersa, en estos momentos, en la tramitación parlamentaria, que parte de un impulso popular y que está encabezando en el Congreso ERC. Se trata de la ley para regular el alquiler de temporada y turístico. Es una proposición de ley que, primero, lideró Sumar en la Cámara Baja, pero que Junts tumbó sobre la bocina. Más adelante, fue Esquerra la formación que asumió la responsabilidad de coger las riendas y, en ese caso, con algunas matizaciones, los posconvergentes sí accedieron a permitir su admisión a trámite. Eso ocurrió en diciembre del año pasado.

La iniciativa, promovida, en un principio, por los Sindicatos de Inquilinas, incluye limitar a nueve meses la duración máxima de los alquileres temporales, de manera que todo aquel arrendamiento que exceda ese tiempo pasaría a regirse por las normas de una vivienda de alquiler habitual y los propietarios tendrían las obligaciones y deberes correspondientes. Y no solo eso. También en el caso de que un alquiler se renovara, aunque no alcanzara los nueve meses, pasaría a considerarse vivienda habitual. Uno de los elementos que llevó a los de Puigdemont a apoyar la toma en consideración de la propuesta en el segundo intento fue el blindaje por escrito de las competencias autonómicas en la materia.

ERC tiene en la lucha por la regulación del mercado de la vivienda una de sus principales banderas y exigirá al PSOE, pero también a Sumar ―las dos formaciones que componen el Gobierno―, que se esmeren en lograr que el PNV y Junts terminen de facilitar que la iniciativa salga adelante.

Se trata de un proceso, con todo, que será largo y cuyo desenlace no se producirá hasta dentro de un tiempo. Mucho más inmediatas, en cambio, serán las interpelaciones urgentes que tendrá que enfrentar la ministra Isabel Rodríguez este miércoles. Podemos, pero también los partidos de la oposición, PP y Vox, la interrogarán en una sesión sobre vivienda casi monográfica en el Congreso. Una muestra más del peso que está adquiriendo esta materia en la legislatura.